Curiosamente
esta Ley cuya finalidad es la de dotar de validez legal a la
información electrónica, es poco aplicada en ámbitos privados y
públicos, que a su vez, invierten cada día más recursos en tecnologías
de información y comunicación para apoyar su gestión.
Esta
ley compendia una normatividad proactiva para asegurar y proteger
jurídicamente la información digital. Su aplicación no depende de una
entidad rectora o de supervisión, sino del uso que hagan de ella los
usuarios de la información electrónica.
Por
eso es tan importante preguntarnos por qué no tiene mayor aplicación en
Colombia, la Ley 527 de 1999, en las empresas y en el Estado.
En
las compañías no se aplica en forma eficaz, simplemente porque no la
conocen o no ven como un riesgo potencial el hecho de que su información
no sea reconocida como válida o con mérito probatorio en instancias
administrativas o judiciales.
De
otro lado, son escasas por no decir que inexistentes, las sentencias o
providencias referidas a la validez o alcance probatorio de la
información electrónica o de los mensajes de datos en casos particulares
y que desarrollen los principios y reglas de la Ley 527.
